mayo 24, 2024

La situación que atraviesa desde hace años la obra social de los judiciales nacionales no deja de sorprender a propios y extraños.

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Las denuncias de corrupción llevaron a la reciente renuncia de su legendario director y no dejan de salpicar a uno de los cortesanos más antiguos a cargo de este sector de manejo exclusivo de la Corte Suprema.


Cuando hablamos de Obra Social de los Judiciales estamos hablando de una caja millonaria a cargo de la patronal (pues en la práctica la maneja exclusivamente la corte) y no de una institución pública al servicio de los judiciales (que son los que más aportan) y dotada de los mayores estándares de transparencia que se requieren.
Es así como este espacio institucional que supo esta codirigido por los trabajadores hoy se encuentra intervenido, con uno de sus directores renunciado, en medio de una disputa de cortesanos denunciados y en pleno juicio político y, lo que es peor, dándole la espalda a los judiciales que tanto la necesitan. Nota de esta situación es el gran aumento, en estos últimos tiempos, de acciones judiciales en busca de garantizar coberturas esenciales para la salud de los judiciales, la falta de atención de profesionales de la salud por falta de pago y la ausencia total de servicios sociales que tiempo atrás cautivarán a los afiliados.
La obra social está camino a transformarse en uno de los elefantes blancos del poder judicial y la reacción del Máximo Tribunal parece nula.
Muestra de ello es la incapacidad de la corte de gestionar una institucional con recaudación millonaria y pésimos servicios para sus afiliados.
Todas las entidades que representan los intereses de los trabajadores judiciales han expresado de alguna manera su malestar por la actual situación de desmanejos de la OSPJN pero sin dudas quien ha ido más lejos ha sido la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nacion a la que no se le concedió la posibilidad de tomar vista de los balances contables de la obra social y se encuentra, eb estos momentos, redactando un pedido de acceso a la información en sede judicial sin descarta llevar su denuncia al ambito del poder legislativo donde tramita el juicio político de los cortesanos.

Gonzalo Martinez Salum
Secretario General.

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