El 29 de septiembre de 1976, luego de recibir la información desde Córdoba a través del “Nabo” Barreiro – represor cordobés condenado por su rol en esa provincia y cabecilla del alzamiento carapintada de Semana Santa de 1987-, quien indagó bajo torturas a una militante peronista, el General Roualdes cerca y ataca una casa ubicada en la calle Corro al 105 de Villa Luro, un barrio de la ciudad de Buenos Aires.
En esa casa, además de ser el hogar de Lucy Mainer y sus hijos, funcionaba una casa operativa de Alberto Molinas, donde se reunía la Secretaría Política Nacional de Montoneros.
En el amanecer de ese día 29, el barrio estaba militarizado, la casa fue rodeada por más de cien soldados y hombres de los grupos de tareas que reportaban al Primer Cuerpo del Ejército y el Grupo de Artillería Aérea 101 (GADA). Había autos, tanques, camiones con bazookas y hasta un helicóptero. Además de Roualdes, también estuvo al mando del operativo el jerarca del Batallón 601 Héctor Vergez.
Un despliegue descomunal donde la orden era “tirar para arriba”, porque en la terraza de aquella vivienda se encontraban atrincherados cinco militantes montoneros: Alberto Molinas Benuzzi, Ismael Salame, José Carlos Coronel e Ignacio Bertrán, integrantes del secretariado de Montoneros, y Vicky Walsh, hija del periodista.
Se desató un durísimo y absolutamente desigual combate. Por eso hablamos de “masacre”, término que alude al empleo desproporcionado de una fuerza respecto de la otra. Al cabo de dos horas de intenso ataque, cuatro compañeros fueron muertos y Vicky Walsh prefirió dispararse a sí misma bb antes que rendirse.
La masacre de la calle Corro comenzó a ser investigada judicialmente recién en 2015, o sea 39 años después, como derivación de la megacausa “I Cuerpo del Ejército” en el Juzgado Federal N°3 a cargo de Daniel Rafecas.
La causa se inició con una presentación que hizo el ex Programa Verdad y Justicia -de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación- después de analizar los documentos del GADA 101, legajos militares y testimonios de las víctimas. Una prueba clave fue el libro histórico del GADA 101 (Grupo de Artillería de Defensa Antiaérea 101 del Ejército Argentino), en donde quedaron asentados datos muy relevantes a la hora de entender cómo fue el armado de la operación.
En el libro histórico figura que el GADA envió a 3 oficiales jefes al operativo de la calle Corro junto con otros 13 oficiales, 61 suboficiales y 134 soldados.
En el mes de marzo de 2022 el juez Rafecas procesó a diez militares retirados que participaron de la masacre: Guillermo César Viola Viola, Carlos Alberto Orihuela, Ricardo Grisolía, Gustavo Antonio Montell, Hugo Eduardo Pochón, Domingo Armando Giordano, Héctor Eduardo Godoy, Gustavo Gilberto Tadeo Juárez Matorras, Danilo Antonio González Ramos y Abel Enrique Re.
En septiembre de 2022, la Cámara Federal porteña –con firmas de Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens– confirmó seis de los diez procesamientos que había dictado el juez Rafecas: los de Carlos Alberto Orihuela, Ricardo Grisolía, Gustavo Antonio Montell, Guillermo César Viola, Héctor Eduardo Godoy y Danilo Antonio González.
Además, sobreseyó a uno de los militares retirados, Hugo Eduardo Pochón, que era jefe de la Batería A. En simultáneo, les dictó falta de mérito a otros tres (Domingo Giordano, Gustavo Gilberto Tadeo Juárez Matorras y Abel Enrique Re).
La Cámara señaló que el operativo en sí no comenzó en la Capital Federal sino con la caída de María Magdalena Mainer en San Juan y su paso por el campo de concentración La Perla en Córdoba, donde fue torturada por un grupo de tareas bajo el mando de Ernesto “Nabo” Barreiro.
El sobreseimiento de Pochón fue recusado por la querella. Transcurrido ya casi un año, Casación aún no se pronunció al respecto.
Si bien el Tribunal Oral Federal N° 7 ya fue sorteado, aún no notificó a las partes ni corrió vista para el ofrecimiento de prueba, por lo que todavía la causa no cuenta con fecha de inicio de juicio oral.
Parte de lo sucedido ese día se conoció tempranamente por la carta que escribió Rodolfo Walsh al cumplirse tres meses de la muerte de una de sus hijas. “Mi hija no estaba dispuesta a entregarse con vida. Era una decisión madurada, razonada. Conocía, por infinidad de testimonios, el trato que dispensan los militares y marinos a quienes tienen la desgracia de caer prisioneros: el despellejamiento en vida, la mutilación de miembros, la tortura sin límite en el tiempo ni en el método, que procura al mismo tiempo la degradación moral, la delación. Sabía perfectamente que, en una guerra de esas características, el pecado no era hablar, sino caer. Llevaba siempre encima una pastilla de cianuro, la misma con que se mató nuestro amigo Paco Urondo, con la que tantos otros han obtenido una última victoria sobre la barbarie”. “A los camiones y el tanque se sumó un helicóptero que giraba alrededor de la terraza, contenido por el fuego. De pronto, según el testimonio de un soldado, hubo un silencio. La muchacha dejó la metralleta, se asomó de pie sobre el parapeto y abrió los brazos. Dejamos de tirar sin que nadie lo ordenara y pudimos verla bien. Era flaquita, tenía el pelo corto y estaba en camisón. Empezó a hablarnos en voz alta pero muy tranquila. No recuerdo todo lo que dijo. ‘Ustedes no nos matan, nosotros elegimos morir’ dijo el hombre. Entonces se llevaron una pistola a la sien y se mataron enfrente de todos nosotros”. “Vicki pudo elegir otros caminos que eran distintos sin ser deshonrosos, pero el que eligió era el más justo, el más generoso, el más razonado. Su lúcida muerte es una síntesis de su corta, hermosa vida. No vivió para ella: vivió para otros, y esos otros son millones”.
Escribe Roberto Baschetti que entre los cinco compañeros muertos estaba Ismael “Turco” Salame, militante peronista desde temprana edad, quien en 1972 pasa a integrar la Mesa Nacional de Conducción de la Juventud Peronista. Como máximo exponente de la Regional V de J.P. (Salta, Tucumán, Jujuy), integra la comitiva que trae al General Perón de vuelta a la Patria, luego de 17 años de injusto exilio Al momento de su deceso era responsable nacional de las relaciones con las Juventudes Políticas Argentinas. Precisamente ese cargo lo llevó a discutir y confraternizar a la vez con otro militante al que apreciaba mucho, Alberto Nadra, de la Federación Juvenil Comunista, quien le ofreció sacarlo a Cuba ya que su situación y su seguridad se volvían insostenibles. Agradeció el gesto, dijo que no podía y se quedó peleando en la Argentina hasta su muerte. –
