Opinión
En el espejo de Venezuela antes de Chavez
Por Juan José Sánchez*
INTRODUCCIÓN: LA PARADOJA DE LA ABUNDANCIA
El siglo XX venezolano puede leerse como el laboratorio histórico de una paradoja económica fundamental: la transformación de una abundancia material sin precedentes, derivada del petróleo, en una condición estructural de vulnerabilidad, dependencia y crisis recurrente. Este ensayo propone un análisis de dicho proceso a través del prisma conceptual del capitalismo rentístico y su manifestación sintomática, la “enfermedad holandesa”. Más allá de la distorsión macroeconómica, se argumenta que la renta petrolera operó como un vector de dominación cultural, reconfigurando la identidad nacional, las relaciones sociales y el propio Estado, tal como lo diagnosticó tempranamente el antropólogo Rodolfo Quintero con su noción de “cultura del petróleo” (“La cultura del petróleo. Ensayo sobre estilos de vida de grupos sociales de Venezuela” 2007). La trayectoria venezolana, desde el descubrimiento a gran escala del recurso hasta el colapso del modelo de la Cuarta República en 1999, constituye un caso paradigmático de los límites del extractivismo para cimentar un desarrollo sostenible.
CONCESIONES, ESTADO CENTRAL Y EL GERMEN DE LA DEPENDENCIA (1914-1935)
La irrupción industrial del petróleo, simbolizada por el “reventón” del pozo Barroso II en 1922, fracturó la Venezuela agraria del café y el cacao. Bajo la dictadura de Juan Vicente Gómez, un marco legal concesionario facilitó la entrada masiva de capital y tecnología de empresas transnacionales (Standard Oil, Shell, Gulf Oil), que asumieron el control operativo de la exploración, producción y comercialización. Este modelo sentó los dos pilares fundacionales del rentismo: la propiedad estatal del subsuelo (derecho regaliano), que concedía al Estado la titularidad originaria del recurso, y la captación de una renta internacional no productiva, constituida por regalías e impuestos que fluían sin requerir una contrapuesta de valor agregado interno.
El efecto fue dual. Por un lado, fortaleció financieramente a un Estado centralizado, permitiéndole modernizar su infraestructura y aparato coercitivo. Por otro, inició un proceso de desarticulación de la economía tradicional. Los primeros síntomas de la “enfermedad holandesa” se hicieron visibles: la afluencia de divisas comenzó a apreciar la moneda, abaratando las importaciones y encareciendo las exportaciones agrícolas. El sector primario se desplomó, pasando de representar casi la totalidad de las exportaciones a un 7,6% en 1936. El término “enfermedad holandesa”, acuñado por The Economist en 1977, describe la paradoja económica en que el éxito de un sector exportador (como el gas en los Países Bajos en los ‘60) daña al resto de la economía. La masiva entrada de divisas aprecia la moneda local, abarata las importaciones y encarece otras exportaciones, conduciendo a la desindustrialización, la desocupación en otras industrias, y a una dependencia vulnerable del recurso primario. Quintero identificó en esta fase el nacimiento de una “cultura de conquista”, con la creación de enclaves foráneos (“campos petroleros”) y la superposición de estilos de vida ajenos sobre las estructuras sociales criollas.
LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL RENTISMO DISTRIBUTIVO (1936-1958)
Tras la muerte de Gómez, el Estado asumió progresivamente el rol de distribuidor central de la renta petrolera, un mecanismo para asegurar estabilidad política y legitimidad social. Se inició un período de apertura política, pero la estructura económica permaneció atada al crudo. La intelectualidad advirtió los riesgos: Arturo Uslar Pietri acuñó en 1936 la célebre metáfora de “sembrar el petróleo”, previendo que sin una transformación productiva el país se convertiría en “un parásito del petróleo”. Sin embargo, la lógica rentista ya se internalizaba. Quintero describió la emergencia de los “hombres Shell” y “hombres Creole” (por la Creole Petroleum Corporation, actual ExxonMobil), élites técnicas y gerenciales formadas en la lógica de las transnacionales, que internalizaban el menosprecio por lo nacional y veneraban lo importado como sinónimo de progreso. El movimiento obrero petrolero, aunque combativo, fue gradualmente cooptado mediante una aristocracia obrera y una burocracia sindical, desactivando su potencial transformador. A pesar de la oposición entre Arturo Uslar Pietri y Hugo Chavez, el chavismo toma la idea y la reivindica en el “Plan Siembra del Petróleo 2005-2030”.
EL PUNTOFIJISMO: LA CÚSPIDE Y LA CRISIS DEL MODELO RENTISTA (1958-1998)
El Pacto de Puntofijo institucionalizó la democracia venezolana sobre una base explícita de reparto de la renta petrolera. El Pacto de Puntofijo fue un acuerdo de gobernabilidad firmado en octubre de 1958 por los principales partidos políticos de Venezuela (AD, COPEI, URD) tras la dictadura de Pérez Jiménez. Su objetivo central fue garantizar la estabilidad democrática mediante la defensa de los resultados electorales y la formación de gobiernos de coalición. Si bien institucionalizó por cuatro décadas un sistema de alternancia pacífica, con el tiempo se transformó en un esquema rígido y elitista, cuya dependencia de la distribución de la renta petrolera terminó por minar su legitimidad y abrir una crisis social. La estabilidad del sistema dependía de la capacidad del Estado para distribuir beneficios entre partidos, élites económicas y sectores populares, financiando un ambicioso gasto en infraestructura, educación, salud y una burocracia estatal inflada. Este ciclo político-económico consolidó un “petroestado” con dos caras: fuerte para distribuir y clientelar, pero débil para impulsar reformas estructurales que diversificaran la economía.
La política económica osciló entre dos polos dentro del mismo paradigma rentista. En la fase de Consolidación y Distribución (1960-1970), se implementó una Sustitución de Importaciones protegida por altos aranceles y un tipo de cambio fijo sobrevaluado. Esto generó una industria nacional ineficiente y no competitiva, dependiente de divisas estatales para importar insumos, y fortaleció una burguesía “rentista” ligada al favor oficial. La nacionalización petrolera de 1976 y la creación de PDVSA no alteraron la lógica de fondo; transfirieron la administración de la renta a una tecnocracia criolla que, en muchos casos, reprodujo la cultura corporativa de las antiguas concesionarias. PDVSA se convirtió en una empresa estatal atípica: tecnificada, internacionalizada (con la compra de CITGO en EE.UU.) y aliada con capitales foráneos en la “Apertura Petrolera” de los años 90, pero siempre como el motor que alimentaba la maquinaria fiscal rentista.
Paralelamente, la “enfermedad holandesa” se cronificó. La apreciación artificial del bolívar hizo que la producción local fuera inviable frente a las importaciones baratas, profundizando la desindustrialización y la desagriculturización. Sectores con potencial, como la industria del calzado, desaparecieron. Empresas como la cervecera Polar se conformaron con el mercado interno subsidiado, sin ambiciones exportadoras. La economía se volvió una red de importadores y especuladores de divisas preferenciales, con una dependencia extrema de importaciones que llegó a cubrir el 85% del consumo alimentario en los años 90. El Estado, lejos de suavizar los ciclos, aplicó políticas procíclicas: gasto inflacionario en la bonanza y recortes recesivos en la crisis, sujetando el destino nacional a la volatilidad del precio internacional del crudo.
EL CARACAZO Y LA IMPLOSIÓN DEL PACTO RENTISTA
La insostenibilidad del modelo estalló en 1989. Agobiada por una deuda externa contraída en la bonanza y una caída estrepitosa de los precios del petróleo, la administración de Carlos Andrés Pérez lanzó un paquete de ajuste neoliberal. La liberación de precios y el aumento de la gasolina no fueron percibidos como meras medidas técnicas, sino como la ruptura violenta del “pacto rentista” tácito: el Estado retiraba los subsidios generalizados al consumo que constituían un derecho adquirido tras décadas de distribución.
La respuesta fue el Caracazo, un estallido social masivo y anárquico. Las masas, mayoritariamente de los barrios marginales creados por la migración rural de la era petrolera, saquearon no cualquier comercio, sino específicamente almacenes de importadores, atacando así los símbolos visibles del modelo rentista-importador que se les derrumbaba. La represión estatal, brutal y masiva, completó la fractura. Este evento fue un punto de no retorno: destruyó la legitimidad del Estado como distribuidor benévolo, fracturó las Fuerzas Armadas y reveló la falsedad de una prosperidad sin bases productivas. La pobreza crítica había saltado del 17% en 1980 al 44% en 1989. El ciclo rentista había entrado en su fase terminal: sin renta suficiente para distribuir, el sistema solo podía sostenerse mediante la represión, erosionando su propia razón de ser. Los posteriores intentos reformistas en los años 90 naufragaron ante la misma resistencia social y política.
CONCLUSIÓN. EL DESTINO DEL CAPITALISMO RENTÍSTICO
Para 1999, Venezuela era el producto acabado de un capitalismo rentístico integral. No solo padecía una economía con “enfermedad holandesa”, sino una formación social donde coincidían y se reforzaban múltiples lógicas de renta: la petrolera internacional captada por el Estado, la comercial-financiera interna ejercida por oligarquías importadoras y especuladoras, y la política de posición, basada en el clientelismo y el acceso privilegiado al erario. La “cultura del petróleo” había devenido en una “cultura parasitaria” (en palabras de Rodríguez Rojas en: “El rentismo petrolero”, 2015), donde se desvalorizó el trabajo productivo y se sobrevaloraron las actividades vinculadas a la captura y distribución de la renta.
Los datos macroeconómicos reflejan el fracaso: entre 1978 y 2001, el PIB no petrolero cayó casi un 19% y el petrolero se redujo en un 65%. La Constitución de 1999 no encontró una nación diversificada y cohesionada, sino una sociedad económicamente vulnerable, políticamente descreída y culturalmente alienada por décadas de “transculturación petrolera”. El proyecto político que emergió, el chavismo, no inventó el rentismo; heredó su estructura profunda y se propuso, paradójicamente, democratizar el acceso a la misma renta que había condicionado el destino nacional. El siglo XX venezolano culmina así, dejando como desafío histórico la superación de aquel espejismo de riqueza que, al no ser sembrado, terminó por erosionar las bases mismas de una soberanía popular sostenible.
CATAMARCA EN EL ESPEJO DE LA VENEZUELA ANTES DE CHAVEZ
La exploración del capitalismo rentístico venezolano del siglo XX, con su lógica extractiva, su “enfermedad holandesa” crónica y su cultura social parasitaria, no es una lección histórica exótica. Por el contrario, provee un marco analítico indispensable para comprender las dinámicas de otras economías que, a diferente escala y con recursos distintos, replican la misma estructura fundamental. La economía de la provincia de Catamarca, como una típica economía semipermeable y rentística estatal, constituye una manifestación casi paradigmática de estos mismos principios operando en un nivel subnacional. Al contrastarlas, surge un patrón común que trasciende el tamaño o el recurso específico: la dependencia de una renta captada externamente que sustituye y desincentiva la formación de capital productivo interno.
El paralelismo estructural entre ambos casos es profundo. Venezuela, en el período previo a la revolución chavista, construyó su Estado moderno sobre la renta petrolera internacional: un ingreso masivo sin contraparte productiva interna que consolidó al Estado en el rol de “distribuidor” antes que de “productor”. De manera análoga, Catamarca organiza su economía provincial en torno a un par de rentas exógenas: por un lado, el derecho a una renta fiscal federal (la legítima coparticipación), un flujo financiero externo; por otro, la renta extractiva de sus enclaves mineros que, de modo similar, se genera y controla con escasa articulación con el territorio. En ambos modelos, el “Producto Interno Bruto no rentístico” —el valor genuinamente creado por la combinación local de trabajo y capital— queda relegado a un segundo plano, opacado y debilitado por la afluencia de recursos externos. La economía se configura así, como una membrana semipermeable, donde ingresan rentas y salen divisas por consumo, sin que se genere un tejido productivo endógeno y sólido.
Este modelo genera, inevitablemente, enclaves económicos desconectados y una “cultura rentista”. En Venezuela, los campos petroleros y las “ciudades petróleo” fueron islas de modernidad importada sin eslabonamientos con el “hinterland” (“patio trasero” o “territorio periférico”), mientras una élite de “hombres Shell” administraba la renta. En Catamarca, la ciudad administrativa provincial y los enclaves mineros (y en menor medida de agricultura de renta) funcionan con una lógica similar: son nodos productivos de alto valor, pero de baja vinculación con la economía doméstica territorial (lo que vestimos, lo que habitamos, lo que comemos -el 85% de las frutas y verduras provienen de otros territorios-). Su impacto se limita a la generación de empleo directo (trabajo enajenado para una renta extraordinaria de capitales externos) y regalías, sin catalizar una red de proveedores, industrias transformadoras o servicios avanzados locales, perpetuando la desconexión. El Estado provincial, como el venezolano en su momento, asume el rol central de actor económico, pero su fortaleza es aparente: depende por completo de un flujo de recursos que no controla y que está sujeto a los ciclos de los precios de los commodities (en un caso) o a las decisiones políticas y coyunturas fiscales nacionales (en el otro). Se configura así una verdadera cultura perversa (en el sentido de aparentar lo que no es).
Esta es una construcción hegemónica, independientemente de la voluntad política de quienes gobiernan (no se trata de un régimen de dominación explícito) y requiere de un cambio cultural de raíz, una revolución cultural, un golpe profundo en la batalla cultural.
Las consecuencias políticas y sociales también se reflejan. La democracia venezolana del Puntofijismo se convirtió en un sistema de reparto de renta, donde la legitimidad del gobierno dependía de su capacidad para distribuir beneficios sin exigir contrapartidas productivas. En Catamarca, es plausible observar una dinámica política donde la gestión de la renta exógena y su distribución clientelar ocupan el centro de la contienda, en detrimento de la formulación de proyectos de desarrollo productivo autónomo a largo plazo. En ambos casos, se instala un ciclo perverso de dependencia y vulnerabilidad: la abundancia de renta desalienta la inversión en complejidad económica interna, lo que a su vez profundiza la dependencia de esa misma renta, creando una espiral que conduce al estancamiento y, ante un shock externo (caída del precio de los minerales, recorte de coparticipación), al colapso abrupto, como lo demostró el Caracazo en Venezuela.
Finalmente, ambas experiencias comparten la sombra de una advertencia intelectual ignorada. Así como Arturo Uslar Pietri clamó por “sembrar el petróleo” en Venezuela, advirtiendo sobre el riesgo de construir una nación parasitaria, cualquier proyecto serio sobre Catamarca debe preguntarse cómo “sembrar la coparticipación”, “cómo sembrar la minería”. La historia venezolana demuestra, de manera trágica y contundente, que un modelo rentístico, ya sea alimentado por el oro, por el oro negro o por transferencias fiscales, es intrínsecamente insostenible. Conduce a la atrofia del aparato productivo, a la fragilidad fiscal, a la distorsión de los incentivos sociales y, en última instancia, a una crisis que no es económica sino civilizatoria. El destino de Catamarca no está escrito, pero el espejo venezolano le muestra, con toda claridad, el costo de no diversificar su economía, de no integrar sus enclaves y de no construir una prosperidad basada en el valor generado desde y para su propio territorio. La lección es que la renta, cuando no se siembra, solo produce dependencia; y la dependencia, tarde o temprano, se convierte en escasez.
* Juan José Sánchez es Lic. en Administración y Lic. en Comercio Internacional, Especialista en Gestión de la Economía Social y Solidaria (EGESS – UNQ) y Especialista en Planeamiento Educativo (IIPE – UNESCO). juanjosanchez61@gmail.com
